El día viernes 19 de noviembre, en horario prime y transmitido en vivo por los noticieros centrales, se realizó el allanamiento del Partido Comunes empleado por la Fiscalía y el Gope de Carabineros en la sede de Comunes para concretar diligencias en el marco de la investigación de la Fiscalía en contra de Karina Oliva por el eventual delito de fraude de subvenciones.
GOPE llegó al inmueble ubicado en el barrio Concha y Toro de la comuna de Santiago, portando armas, rompiendo candados y botando la reja al ingreso de la sede del partido político, para realizar el allanamiento mandatado por Fiscalía.
Según acusa el fiscal de Alta Complejidad, Milibor Bugueño, que se habría solicitado el registro voluntario de la sede, sin embargo, este fue negado, por lo que tuvo pedir una autorización judicial para ingresar al inmueble.
La diligencia se dio luego que el Ministerio Público y Carabineros no pudiera ingresar al domicilio particular de Oliva, debido a que la candidata a senadora no se encontraba en el lugar, por lo que decidieron dirigirse a la sede del partido.
Respuesta del Partido Comunes
Lo mediático del allanamiento a la sede del Partido fue repudiado por el partido, la coalición Apruebo Dignidad a la que pertenece Comunes, y la opinión pública en general, hicieron ver lo desproporcionada de esta diligencia en comparación con otras indagatorias similares de platas políticas.
Desde el Partido emitieron un comunicado en el que aseguraron que conocieron por «televisión el allanamiento y registro de la Sede de nuestro Partido por parte de efectivos del GOPE de Carabineros de Chile».
Mencionaron que «la acción judicial, realizada en nuestra ausencia y televisada, carece de toda lógica, desde el punto de vista judicial», en este sentido «condenamos las medidas desproporcionadas e injustificadas que tomó la Fiscalía y Carabineros de Chile. Hacemos notar que a días de las elecciones, nos parecen un acto de falta al debido proceso y más grave aún se constituye como una ofensiva de intervencionismo electoral».
Respecto al accionar del Partido Comunes frente a reportaje de Ciper, que indica un fraude de subvenciones SERVEL, afirman haber tomado medidas: «pedimos la renuncia a cargos partidarios, lo que se concretó con la renuncia de Jorge Ramírez, ex presidente de Comunes», además, «mediante dispositivos partidarios propios, en este caso el Tribunal Supremo, fuimos quienes establecimos la suspensión de dichos militantes«.
Recalcaron que «los graves hechos denunciados por Ciper deben ser investigados, por eso hemos estado y seguiremos a disposición de colaborar y en ningún caso obstruir la investigación».
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