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A más de 20 años de Miño: La estancada lucha contra el asbesto

#Quilicura

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El 30 de noviembre de 2001 Eduardo Miño se inmoló en la plaza de La Ciudadanía, frente a La Moneda. La decisión fue tomada con la convicción de hacer un llamado de atención a las autoridades, debido al silencioso sufrimiento de las víctimas por asbesto en el país. En la actualidad, se diagnostican en promedio cinco nuevos casos al año; sin embargo, y transcurridos 20 años de su muerte, la lucha continúa siendo infructuosa y las familias de las víctimas siguen esperando justicia.

Víctor Berríos (54) despertó una noche de octubre de 2019 y no pudo volver a dormir. Sentía un dolor agudo en la parte izquierda del pecho que le impedía respirar. La sensación de ahogo era latente en su cuerpo.

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Anteriormente, cuando trabajaba, había sentido un dolor similar, pero lo había atribuido al movimiento de la grúa que conducía en su trabajo y no le había dado mayor importancia. Pero ahora ya no podía dormir. El dolor era extremadamente fuerte. Tanto, que esperó despierto hasta el amanecer y a primera hora tomó rumbo al hospital.

“Me dijeron que podría haber sido un resfriado mal cuidado y que salió líquido”, relata Berríos, según lo que recuerda. Le hicieron unas radiografías y en ellas apareció una mancha en el pulmón izquierdo lo que significaba que debían hacerle una biopsia.

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La mancha resultó ser un mesotelioma pleural. Cáncer, en palabras más concretas. Cuando le dieron el diagnóstico, recuerda que una de las primeras cosas que le preguntaron fue: “¿Dónde vives?”. Maipú. “¿Viviste al lado de la Pizarreño?”. Sí.

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En 1935, la conocida fábrica cementera se instaló en la comuna bajo el nombre de Sociedad Industrial Pizarreño S.A. Pertenecía al Grupo Eternit N.V, hoy conocido como Etex Group S.A., empresa de origen belga y de categoría mundial que de la mano trajo consigo al país lo que sería el asbesto, el mineral responsable de las muertes silenciosas de cientos de trabajadores.

El asbesto o amiato, es un mineral de bajo costo utilizado como aislante térmico en las construcciones, siendo su mayor exportador Canadá. Hasta la década de los 80’, la fuerza de su mercado se encontraba en Europa, sin embargo, “con este crecimiento comercial, también se incrementó el conocimiento de sus efectos cancerígenos en la salud humana”, tales como un mesotelioma pleural, asbestosis o cáncer de pulmón, según se explica en el libro Fibras grises de muerte: El silencio del mayor genocidio industrial en Chile de la historiadora y actual constituyente, Constanza San Juan, y la antropóloga Tania Muñoz.

En 1983, Islandia fue el primer país en prohibir su uso, seguido por Noruega en 1984, y Dinamarca y Suecia en 1986. A principios de los noventa, la medida se expandió por el resto de Europa occidental y Estados Unidos, pese a los esfuerzos de Canadá por promover el uso seguro y regulado del mineral.

No obstante, la industria del asbesto se trasladó a América Latina y Asia, donde se continuó produciendo en países en los que no se había establecido una política anti amiato. Así, para el año 2000, en Chile se consumía de forma anual alrededor de 500 a 2.000 toneladas de asbesto, según información de la International Ban Asbestos Secretariat.

“Enviaron asbesto, y más allá de que aquí cumplían con la normativa, era un elemento que ya había sido prohibido en otros países y estaba totalmente comprobado que causaba daños a la salud y hasta la muerte”, señala Adrián Prieto, vocero del movimiento Unidos Contra el Asbesto (UCA) en Chile.

En esta línea, con el asbesto siendo prohibido en el resto del mundo, pero no en países subdesarrollados, se produjo la mayor exposición de personas comunes y corrientes a este material.

Un «genocidio industrial»

Víctor Berríos recuerda haber asistido al colegio ubicado en la Villa Pizarreño, población creada por la empresa con el mismo nombre, para sus trabajadores, hecha con materiales de asbesto-cemento. Recuerda jugar a la pelota con su amigo Claudio, en aquellas canchas de la villa, así como también a varios otros niños que, a diferencia de él, les encantaba jugar en los cerros de borra, unos cúmulos de polvillo de asbesto que sobraban de la fábrica.

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—Ahí jugaba mucho el Claudio, que en paz descanse.

Claudio falleció en 2017. También por una enfermedad derivada de la sobre exposición al asbesto en su niñez.

“Ellos sabían, y con la ignorancia del trabajador (…) Los que por ignorancia llevaron el polvillo a sus domicilios, ellos hoy día están pagando el pato con lo que son los mesoteliomas, que son incurables”, comenta Carmen Elevancini, dirigente de la Asociación Chilena de Víctimas por Asbesto (ACHVA), quien también es hija de un ex trabajador de la empresa que murió por el mismo motivo.

En enero de 2001 el Ministerio de Salud publicó el Decreto N°656, en el que se hacía explícita la prohibición de importar o utilizar el mineral en una amplia gama de productos. “El Estado y personeros del gobierno asumieron que con eso habían resuelto la problemática ambiental del asbesto”, mencionan San Juan y Muñoz en su libro.

Y Prieto también lo refleja en sus palabras: “Eso es esencial, la falta de responsabilidad del Estado y la empresa en particular en el reconocimiento de su responsabilidad en este genocidio industrial”.

Fue esta misma impotencia la que llevó a un fatídico suceso. El 30 de noviembre de 2001, Eduardo Miño, ex trabajador de Pizarreño, se prendió fuego en la plaza de La Ciudadanía, a las afueras de La Moneda. Al interior del palacio de gobierno se encontraba el entonces presidente Ricardo Lagos, y Michelle Bachelet, la ministra de Salud de la época.

Miño, quien falleció al día siguiente a causa de las graves lesiones, dejaría una carta a la opinión pública con la icónica frase: “Mi alma, que desborda humanidad, ya no soporta tanta injusticia”. Sin embargo, la misiva también revelaba un importante dato. La ACHVA estaba conformada por más de 500 personas enfermas, y, sumado a esto, a la fecha ya habían muerto más de 300 por mesotelioma pleural.

«Estas cifras son totalmente insuficientes»

Han transcurrido 20 años de su muerte, y en la actualidad no hay certeza de cuántos enfermos por sobre exposición al asbesto hay en Chile. Tampoco se tiene registro de sus muertes.

Según información entregada por el Ministerio de Salud (Minsal) a La Voz de Maipú a través de Transparencia, “el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) comunicó que no dispone de un catastro de personas afectadas por una determinada enfermedad o condición de salud”. Así es como también, se desconoce el número de pacientes con mesotelioma pleural en Chile, dado que no se dispone de un registro de cáncer a la fecha que contenga información sobre la incidencia real de esta patología.

Sin embargo, aquello contrasta con la experiencia del doctor Mauricio Ilabaca, presidente del Departamento de Medioambiente del Colegio Médico (Colmed): “Cuando fui autoridad sanitaria en la región Metropolitana, tenía información de lo que estaba pasando con el asbesto (…) Pero después de 20 años pregunté a todos mis colegas de salud ocupacional y no hay información”, comenta él.

Por otra parte, Adrián Prieto señala que, hasta 2010, el Minsal llevaba un registro de cuántas personas enfermas por exposición al asbesto había en Chile. No obstante, “los números son bien cuestionados (…) se decía que eran 1.589 personas”.

“Estas cifras son totalmente insuficientes”, comenta él. Al mismo tiempo, Prieto señala que las autoridades nunca se han preocupado de establecer una cuantificación real y fehaciente de cuántas personas han padecido una enfermedad por causa del asbesto, ni tampoco registrar cuántas han fallecido.  

En esa línea, agrega: “Lo que sí sabemos a ciencia cierta, es que son por lo menos 400 personas las que han muerto aquí en Maipú. (…) En San Pedro de la Paz [donde se encontraba una filial de Pizarreño], otro centenar”.

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Por el momento, se continúa desconociendo la magnitud de esta problemática, y es que la modernización del país hizo posibles construcciones a lo largo de todo Chile con este material, haciendo uso de él en techos, cielos, estructuras e, incluso, en cañerías de agua potable. Aquella, fue una revelación importante para la constituyente Constanza San Juan durante la investigación del libro Fibras grises de muerte.

Ella señala que esta no es solo una problemática que afecte a los trabajadores, sino a toda la población debido a que hay asbesto en todas partes, y aún no se ha retirado en su totalidad. “Al Estado de Chile no le conviene hacerse cargo de esta problemática, porque es muy grande”, comenta la constituyente.

San Juan señala, además, que reconocer los hechos para el Estado significaría una serie de costos, de trabajos y de ponerse en una situación crítica en cuanto a la empresa Pizarreño. “Lamento ver que esa es la razón de por qué no existe este catastro y por qué el Minsal hasta el día de hoy no se ha puesto realmente del lado de las víctimas, de la protección de la salud de todos y todas los chilenos”, declara la encargada de la futura Carta Magna.

En la actualidad, según Unidos Contra el Asbesto, en promedio al año aparecen cinco nuevos casos de contaminación por asbesto. Por lo mismo, es difícil establecer una demanda colectiva, ya que “no es una intoxicación masiva, como cuando la gente come mariscos y se intoxica o hay agente contaminante con daños inmediatos (…) Como los casos van saliendo de a poco, uno va pesquisando, hay diagnóstico y no todos a la vez”, explican desde la agrupación.

Más que una enfermedad profesional

Antes de siquiera saber que se trataba de un mesotelioma, Víctor tuvo que enfrentarse a un primer problema: el alto valor de los procedimientos a los que debía someterse. Esto, sería una constante a lo largo de su tratamiento.

“Me salía un ojo de la cara sacarme el líquido, como 4 millones de pesos solamente para sacarme el líquido”, comenta él.

Afortunadamente, el doctor que lo atendía también trabajaba en el Hospital del Tórax. “Él me dijo ‘vámonos allá, porque es un hospital público y va a salir mucho más barato’. De ahí hicimos el procedimiento y, claro, pagué 300 lucas”, comenta él.

No obstante, aquel era el primero de muchos gastos. El uso de medicamentos, las quimioterapias, las cirugías, la hospitalización, los cuidados que se deben tener en la casa una vez dada el alta, e, incluso, si es que la situación se complica, el uso de una cama crítica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), son algunos de estos. Prieto estima que el tratamiento de la enfermedad bordea los 30 millones de pesos. “Son intervenciones demasiado caras que pueden llegar hasta esos montos”, dice.

Las enfermedades producidas por el asbesto se encuentran dentro de la Ley 16.744, más conocida como Ley de Enfermedades Profesionales y Accidentes de Trabajo. El artículo 18, punto 28, del Decreto 109 conforme a la Ley, considera que los Silicatos, entre los cuales figura el asbesto, son “agentes específicos que extrañan el riesgo de enfermedad profesional”. Por ende, tienen el derecho a ser tratados de forma gratuita en la Mutual de Seguridad.

Pero los familiares de aquellos trabajadores de Pizarreño quedan a la deriva. Quienes han sido afectados por exposición indirecta al asbesto, no han logrado ser reconocidos por la ley, por lo que deben costearse el tratamiento de estas enfermedades de forma particular.

“Los trabajadores que están en atención con la Mutual y que se hacen sus controles, hoy tienen una muerte digna”, menciona Carmen Elevancini. Y agrega: “En 20 años no ha habido un protocolo de atención de pacientes con asbesto. Ninguna administración ha hecho algo, y es un tema país (…) Por último, pedimos una atención digna a las personas que estuvieron expuestas inocentemente”.

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A la luz de esta problemática, y en su desesperación, algunas familias recurren a una aparente solución. Las víctimas se reúnen con la empresa y presentan un certificado en el que se explicita que tienen una enfermedad producto de la exposición al mineral, pese a no haber trabajado en la fábrica. “Te dan 20 millones y lo hacen como un gran favor”, revela la dirigente.

Si bien, aquel no fue el caso de Víctor, tampoco se encuentra en el escenario de poder optar a una cobertura y tratamiento en la Mutual de Seguridad. Esto, debido a que quien trabajó en la empresa y se expuso al asbesto fue su padre, no él. «Por Fonasa a mí me pagan la licencia, pero no por los trabajadores”, comenta.

Además, como el cáncer se encontraba encapsulado, Víctor debió practicarse una neumonectomía, cirugía en la que se extirpa el pulmón afectado antes de que la enfermedad se ramifique por su cuerpo y llegue a ser irreversible. Aquel procedimiento, de modo particular, tenía un valor de $2.350.086 en la Red de Salud UC Christus durante 2016, y un valor de $973.080 en el Hospital Barros Luco en 2019.

Afortunadamente, la operación salió bien y pudo regresar a su casa para realizar el post operatorio. “Tuve suerte, siempre me comparo con Claudio o con otros amigos que han partido. Es que, si bien es cierto que me sacaron el pulmón completo y después con quimio y todo el cuento, yo estoy vivo. Por el momento tengo que aprovechar”, comenta él.

Pero aquella no es la realidad de la mayoría. Carmen Elevancini visita siempre que puede a víctimas de asbesto miembros de la ACHVA. “20 años luchando, siempre golpeando puertas, 20 años hablando con diferentes autoridades; y voy y tener que decirle, ‘pucha, lo lamento tanto’ (…) Más encima, es ver que se va a morir y que toda la deuda que dejó por tratar de mejorarse, queda a la familia”, declara.

En este sentido, el presidente del Departamento de Medioambiente del Colmed explica que lo que se debiera hacer es realizar una detección temprana de pacientes que han estado expuestos a este material. De este modo, se llegaría a tiempo para tratar a las víctimas y se podría evitar que la enfermedad llegue a un nivel muy avanzado.

Sin embargo, Ilabaca opina que “hoy el tema del asbesto parece que se hubiera resuelto y la autoridad dejó de tomar medidas”, agregando que la inmolación de Eduardo Miño como un llamado de atención “habla muy mal de nosotros, habla muy mal del sistema de salud, de las autoridades, muy mal en el sentido de haber abandonado comunidades y no haber trabajado por ellas”.

Actualmente, el proyecto de Ley Eduardo Miño, que declara el 30 de noviembre como el Día Nacional de las Víctimas de Asbesto en el país, ya fue votado y aprobado en la Cámara de Diputados y se encuentra en espera de ser discutido por el Senado.

Sin perder las esperanzas, la Coordinadora Nacional Anti Asbesto, conformada por las diversas organizaciones que luchan por esta causa, ingresaron una iniciativa a la Convención Constituyente con el fin de incorporar a la nueva Constitución chilena la prohibición de insumos que provoquen la muerte de personas en la construcción.

“Es difícil”, opina Víctor. “Que esta empresa no se haga responsable sabiendo cuánto daño causó, eso molesta. Harta gente partió joven. Muchos quedaron con niños chicos, mujeres que tuvieron que rascárselas solas después, y nunca se tuvo apoyo de ellos para nada, sabiendo el daño que provocaron. Es lo que más molesta”, declara.

Y mientras la lucha continúa en la incertidumbre, hoy Víctor se tiene que enfrentar a otro problema: un inconveniente cardíaco al que no le han encontrado un motivo, pero no se descarta que también sea producto del asbesto.

*Días después de la publicación de este reportaje, Víctor entró en un complejo cuadro de salud y lamentablemente falleció.

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